tiempo de la decisión administrativa

En términos generales la doctrina ha considerado tradicionalmente que las garantías del Estado de derecho no se extienden a la duración de los procedimientos, ni considera el tiempo que ha de tardar el poder público en pronunciarse. LPAC, art. 48.3 . No obstante, se establece un plazo ordinario de tres meses, y otro excepcional de seis meses, para la conclusión de los procedimientos administrativos (LPAC, art. 21.2 y 3). Contra los retrasos en resolver, las dos instituciones jurídicas de garantía son el silencio administrativo (LPAC, art. 24) y el contencioso por inactividad de la administración (LJCA, art. 29).