sanción administrativa

«El principio de culpabilidad es un principio estructural básico del ius puniendi del Estado según la Constitución de 1978 [por todas, STC 57/2010, de 4 de octubre, (FJ 9)], y es compatible con la responsabilidad delictual de las personas jurídicas (societas delinquere et puniri potest, conforme al artículo 31 bis del CP) y con la posibilidad de imponer sanciones administrativas a las mismas [cfr., por todas, STC 129/2003, de 30 de junio (FJ 8)]» (STS, 3.ª, 22-V-2015, rec. 95/2014).

CE, art. 25.3; STC 48/2003. La «nota que singulariza a las sanciones administrativas dentro del conjunto de los denominados actos de gravamen» es ser «una consecuencia represiva, retributiva o de castigo» (STC 100/2003; STC 26/2005). «Tanto en las penas como en las sanciones administrativas hay ejercicio o manifestación del ius puniendi del Estado. Esto condiciona por completo el concepto de sanción administrativa que podría definirse sencillamente así: pena impuesta por la Administración. Pero, para reservar el nombre de pena a las de imposición judicial […] y para marcar mejor las diferencias, se define mejor la sanción administrativa como el castigo impuesto por la Administración o como el castigo previsto por el ordenamiento jurídico para ser impuesto por la Administración» (Rebollo Puig, Manuel: «El contenido de las sanciones», en Justicia Administrativa, n.º extra 1, 2001, pág. 154).