ordenanza local

LRBRL, arts. 4.1, a), 22.2, d), 33.2, b), 49 y 84.1, a). De conformidad con la doctrina constitucional sentada por el TC, la más reciente doctrina del TS (SSTS 4380/2003, de 23-VI, rec. 2829/2001; 6487/2003, de 29-IX, rec. 5167/1998; y 8762, de 2010, de 30-XI, rec. 5179/2008) flexibiliza los requerimientos de la reserva de ley para la ordenanza local, especialmente en materia sancionadora, abandonando el entendimiento del principio de legalidad como determinante de la vinculación positiva de la potestad normativa local por excesivamente restrictiva y dudosamente compatible con la autonomía local y asumiendo la versión de vinculación negativa del referido principio en términos posibilitadores de una actuación (normativa) sin previa expresa y concreta habilitación legal sectorial, siempre que la norma local no contradiga ni vulnere la legislación en todo caso aplicable. Y extrayendo de ello la consecuencia de la viabilidad de la previsión por ordenanza local, en las expresadas condiciones, de limitaciones relativas de la actividad de los sujetos privados, como de la limitada tipificación de infracciones y sanciones. De esta suerte, supuesta la no exclusión por la ley sectorial específica del juego de la potestad normativa local, esta puede operar no solo ad intra, sino también ad extra, pero siempre que la referida ley no efectúe una remisión en blanco, es decir, que contenga los criterios orientadores de las limitaciones susceptibles de imposición y de la tipificación de infracciones y sanciones. Ello vale no solo cuando la ordenanza establezca limitaciones o consecuencias desfavorables o aflictivas de carácter relativo, sino cuando tales limitaciones o consecuencias sean absolutas (prohibiciones). Esta jurisprudencia es congruente hoy con el artículo 139 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.