Ley para la Reforma Política

Promulgada el 4 de enero de 1977 tras ser aprobada en referéndum (en el que el pueblo votó masivamente a favor de la reforma), había sido tramitada como la última de las «leyes fundamentales» del franquismo, pero supuso, en realidad, la derogación tácita de la mayor parte de las anteriores, pues reconoció la inviolabilidad de los derechos fundamentales, atribuyó la potestad de dictar leyes a las Cortes y habilitó al Gobierno para convocar las primeras elecciones en que el Congreso sería elegido por sufragio universal, directo y secreto de todos los españoles mayores de edad. Dio lugar aquella ley a la elección de las Cortes Generales que aprobarían la Constitución de 1978. Fue, por tanto, la ley de autodisolución del régimen de Franco; el documento clave de la Transición. Su artículo 1.1 dispuso lo siguiente: «1. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. // Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado».