jurisdicción de la Inquisición

Conformó la primera jurisdicción única de la monarquía hispánica, traspasando reinos, derechos e instituciones diferentes para crear una organización jerárquica que abarcó a toda la monarquía y cuya cúspide fue el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Propio de la Inquisición fue el desarrollo del procedimiento inquisitivo, basado en los criterios de actuación de oficio, delaciones, denuncias anónimas, ocultación de testimonios, valoración del arrepentimiento (abjuración), secreto del sumario, incomunicación, tortura y no cancelación definitiva de las causas abiertas. A partir del último tercio del siglo XVI, la interpretación extensiva de la salvaguarda de la fe, que permitía a esta jurisdicción ocuparse principalmente de las denuncias contra quienes, habiéndose convertido al catolicismo, seguían practicando su antigua religión (especialmente prácticas judaizantes), le permitió combatir la libertad religiosa y de expresión en general, pues no hubo límite para considerar que una práctica era constitutiva de herejía, brujería o hechicería. Por extensión, también se persiguieron por la Inquisición conductas sociales y personales consideradas no conformes a la religión católica, entre las que se incluían las discrepancias políticas susceptibles de causar daños a la seguridad del Estado o los delitos de usura (bula de Julio II de 14 de enero de 1505, excluida años después del conocimiento del Santo Oficio) o delitos como la bigamia (atrayendo estos casos a la jurisdicción eclesiástica común de los obispos), la sodomía, etc., alcanzando a disciplina eclesiástica, y tipificándose para los clérigos el delito de solicitación. Las competencias de la Inquisición no se limitaban a los naturales de la monarquía hispánica, en todos cuyos reinos se fue implantando, sino que abarcaban a todos los bautizados, por lo que también hubo casos de extranjeros juzgados, especialmente casos de comerciantes protestantes. La estructura organizativa de la Inquisición contaba con una serie de tribunales locales integrados por jueces (inquisidores), fiscales, calificadores y notarios, más agentes auxiliares (médicos, capellanes, carceleros, etc.), entre los que destacan los llamados familiares del Santo Oficio, personas disimuladas entre la sociedad para investigar posibles acusados. El procedimiento se iniciaba con una denuncia que, tras ser calificada, llevaba al arresto del sospechoso a partir del cual se iniciaba una práctica de incomunicación y tortura, sin información sobre la acusación, conducente a la confesión de los delitos denunciados. Por lo tanto, es un procedimiento de espaldas al acusado y una vez que se dicta sentencia condenatoria se hace pública de forma solemne en un acto llamado auto de fe, espectáculo que servía de instrumento eficaz para la propaganda y el control político, tras el cual se entregaba a los relajados a la justicia seglar, que procedía a la ejecución de las sentencias.