Esta fórmula se emplea para indicar el efecto producido por la impugnación de un acto de jurisdicción ante la autoridad competente, cuando provoca la suspensión de los efectos jurídicos del acto impugnado al objeto de no empeorar la condición de las partes ni comprometer la posibilidad de satisfacer sus demandas razonables (
CIC, c. 1512, 5.º). Este efecto suspensivo no es una consecuencia inherente a todas las impugnaciones, pero puede ser dispuesto por la autoridad competente de oficio o a petición de las partes.
