garantías constitucionales aplicables en el procedimiento administrativo sancionador

En concreto, la jurisprudencia constitucional ha declarado aplicables en el procedimiento administrativo sancionador: el derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no autoincriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, la Ley 30/1992 positivizó los grandes aspectos de esta jurisprudencia y con ello reguló, aunque muy modestamente, los derechos del acusado en el procedimiento administrativo sancionador en los artículos 135 y 137. Actualmente, la LPAC recoge tales derechos en su artículo. 53 . LORDFA, art. 50.1 . «Partiendo del inicial reproche a la imposición de sanciones sin observar procedimiento alguno, se ha ido elaborando progresivamente una doctrina que asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio abanico de garantías del art. 24 CE. Sin ánimo de exhaustividad, se pueden citar: el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión […]; el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; y, en fin, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, del que se deriva que vulnera el art. 24.2 CE la denegación inmotivada de medios de prueba [por todas, SSTC 7/1998; 3/1999; 14/1999; 276/2000 y 117/2002]» (STC 18/1981; STC 59/2014).